La Justicia penal tomó una decisión relevante que impacta directamente en el conflicto entre Independiente y Gonzalo Verón. El juez a cargo resolvió archivar la causa por presuntos mensajes intimidatorios, al considerar que los hechos denunciados no constituyen delito.
Estas acusaciones habían sido incorporadas por la defensa del jugador como parte de su reclamo laboral millonario —estimado entre 7 y 11 millones de dólares—, en concepto de deuda, intereses y compensaciones tras considerarse despedido por falta de pago. Con este fallo, ese frente queda desactivado y el expediente vuelve a centrarse en el núcleo económico del litigio.
En paralelo, la resolución judicial abre un nuevo capítulo: el magistrado ordenó investigar posibles irregularidades en la contratación original y, especialmente, las razones por las cuales el club fue declarado en rebeldía al no responder la demanda en tiempo y forma. El caso fue remitido a la Justicia de Avellaneda para determinar eventuales responsabilidades internas durante la gestión de Hugo Moyano.
El punto más sensible del fallo es el precedente que podría generar. Si se comprueba que existió negligencia grave o perjuicio deliberado en la defensa del club, los dirigentes de aquella etapa podrían enfrentar consecuencias patrimoniales personales. Es decir, la carga económica del juicio podría dejar de recaer exclusivamente sobre Independiente y trasladarse a quienes tuvieron responsabilidad en el proceso.